En este contexto, el 26 de junio de 2024 se publicaron dos nuevas normas clave en el Diario Oficial de la Unión Europea: la Directiva (UE) 2024/1711 y el Reglamento (UE) 2024/1747, que buscan mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico comunitario.
Aunque estos textos tienen un enfoque reformista, en realidad no suponen una transformación radical del modelo actual. El sistema marginalista —que determina el precio de la electricidad en función del coste de la última tecnología necesaria para cubrir la demanda— sigue siendo el pilar del sistema.
¿Qué cambia con esta reforma?
La reforma no modifica la esencia del mercado eléctrico, pero introduce mejoras técnicas y organizativas:
- Más claridad jurídica: La Comisión Europea ha separado en dos normas distintas los cambios propuestos, respetando así las diferencias legales entre directivas (que los Estados deben transponer) y reglamentos (que se aplican directamente).
- Nuevas herramientas para flexibilizar la red eléctrica: La Directiva incorpora medidas como los acuerdos de conexión flexibles, fundamentales para aprovechar mejor las redes existentes, y reconoce el derecho al consumo compartido de energía, abriendo la puerta a modelos comunitarios de autoconsumo.
- Impulso a los sistemas de almacenamiento y nuevos modelos de negocio: Se permite que terceros gestionen el consumo compartido, lo que podría generar nuevas oportunidades para empresas del sector.
- Protección del consumidor: Se refuerzan las medidas de apoyo a los consumidores vulnerables, aunque muchas de ellas ya estaban vigentes en España.
- Mayor apoyo a la flexibilidad del sistema: El Reglamento introduce mecanismos para facilitar el uso de tecnologías como el almacenamiento o la respuesta a la demanda, clave para integrar más energías renovables.
- Promoción de contratos estables: Se fomenta el uso de instrumentos como los contratos a largo plazo (PPAs y CfDs) para proteger a consumidores y productores de la volatilidad de precios. Sin embargo, su compatibilidad con el sistema español aún presenta limitaciones.
¿Y qué pasa en España?
España debe aplicar directamente el Reglamento, pero aún tiene pendiente la transposición completa de la Directiva de 2019 (UE 2019/944), cuyo plazo expiró hace más de tres años. La Comisión Europea incluso ha enviado un dictamen motivado exigiendo su cumplimiento.
Esto se traduce en una agenda regulatoria muy exigente para los próximos meses. Las autoridades españolas deben adaptar su normativa para incluir nuevas figuras como el agregador independiente, esencial para que los consumidores puedan participar activamente en el mercado.
Además, tanto la CNMC como el Gobierno tienen varios proyectos regulatorios en marcha, entre ellos:
- Nuevas normas sobre conexión a redes, retribución del transporte y distribución, o el funcionamiento del mercado mayorista.
- Reglas específicas para energía marina, comunidades energéticas y la creación de un mercado de capacidad.
- El desarrollo normativo del agregador independiente, que lleva años de retraso.
Un proyecto europeo con desafíos nacionales
Aunque los nuevos textos comunitarios han sido aprobados por una mayoría amplia (todos los países excepto Hungría), su eficacia depende de que los Estados miembros —incluida España— implementen correctamente las medidas.
La reforma no aborda aspectos clave como los mercados locales de electricidad, que podrían impulsar un sistema más distribuido y participativo. Tampoco resuelve del todo el problema de las interconexiones, especialmente con Francia y otros países, que siguen poniendo trabas a una verdadera integración del sistema eléctrico europeo.
Conclusión
La reforma del mercado eléctrico europeo es más una evolución que una revolución. Introduce mejoras importantes, pero mantiene la estructura esencial del sistema. Para que su impacto sea real, los Estados miembros deben actuar con decisión, y España en particular tiene aún un importante trabajo regulatorio por delante.
Fuente: El Periódico de la Energía