¿Qué es la RED III?
Se trata de la tercera revisión de la Directiva europea sobre energías renovables, que establece un nuevo objetivo vinculante del 42,5 % de consumo de energía renovable para 2030, con la posibilidad de elevarlo hasta el 45 % si se suman esfuerzos adicionales de los Estados miembros. Esta meta obliga a los países a replantearse cómo producen, distribuyen y consumen energía.
¿Qué debe hacer España?
La transposición de la directiva no es solo una formalidad. España debe tomar decisiones estratégicas para:
- Simplificar los trámites administrativos
RED III obliga a los Estados a agilizar los permisos para proyectos renovables. Esto implica plazos más cortos y procedimientos más transparentes. La creación de las zonas de aceleración renovable, donde los trámites serán más rápidos, será clave. - Actualizar objetivos y planes nacionales
Será necesario revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para alinearlo con los nuevos objetivos europeos y reforzar su cumplimiento. - Fomentar tecnologías emergentes y específicas
La directiva promueve el uso de biogás, hidrógeno renovable, energía solar, eólica y marina, así como la integración del autoconsumo y las comunidades energéticas. España deberá definir cómo impulsa cada una de estas tecnologías y con qué instrumentos económicos y regulatorios. - Fortalecer el papel del consumidor
RED III da más poder a los ciudadanos y pequeñas empresas, permitiéndoles generar, compartir y vender su propia energía. España tendrá que definir cómo regula el consumo compartido, el agregador independiente y otras figuras clave para la democratización de la energía. - Garantizar la sostenibilidad de la biomasa
La nueva norma endurece los criterios de sostenibilidad para los biocombustibles, especialmente la biomasa forestal, lo que afecta directamente a una parte importante del mix energético renovable en algunas regiones. - Establecer mecanismos de seguimiento y cumplimiento
España deberá implementar sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas para asegurar que las medidas adoptadas tienen impacto real.
¿Qué está en juego?
El cumplimiento de RED III no solo es una obligación legal: es una oportunidad para reforzar el liderazgo renovable de España en Europa. Pero también hay riesgos si se retrasa la adaptación normativa, como ocurrió con la anterior Directiva (RED II), cuya transposición completa aún sigue pendiente en algunos aspectos.
Fuente: Energía Estratégica